Denunciaron que Schiaretti estaría violando la ley al avanzar con gestiones crediticias, proyectos de ley para expropiación y llamados a licitación cuando la obra carece de Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública.
Según el Dr. Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), la gestión de Juan Schiaretti viene violando en forma sistemática las normas sobre Evaluación de Impacto Ambiental. Proporcionó algunos ejemplos.
FUNAM, una ONG con status consultivo en Naciones Unidos, informó públicamente su «total oposición a la nueva traza de la autovía complementaria de la Ruta 38» que pretende llegar hasta Molinari. «En una provincia donde se quemaron más de 320.000 hectáreas, en su mayor parte ambiente nativo. Donde la mayor parte de las cuencas hídricas se vieron afectadas por el fuego y ya tenían signos previos de desmanejo. Donde no se conoce la biodiversidad local ni se practica la sucesión secundaria para que la propia biodiversidad recomponga lo destruido, el proyecto de Autovía solo agrava problemas cuando hay alternativas menos costosas y más inteligentes».
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, pidió a la justicia provincial que «investigue las gestiones crediticias del gobierno provincial con el Banco de Desarrollo de América Latina, entidad que proporcionaría los 75 millones de dólares para la obra. Es fundamental que sepamos cuáles son los compromisos asumidos, si los hay, y cual fue la traza presentada. Urge conocer las eventuales responsabilidades del gobernador Juan Schiaretti, del Secretario de Ambiente Juan Carlos Scotto y del titular de la empresa Caminos de las Sierras, Jorge Alves». Agregó luego: «si la justicia provincial mira para otro lado nosotros haremos la presentación en Buenos Aires ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) y la Justicia Federal».
FUNAM no descartó hacer «presentaciones ante el propio Banco de Desarrollo de América Latina» porque el gobierno de Córdoba «no solo no hizo Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública de la nueva traza. Tampoco habría comunicado a los evaluadores del banco la ausencia de licencia social para la obra. Para empezar estamos enviando al Banco de Desarrollo de América Latina la amplia cobertura mediática que han tenido los colectivos opuestos a la nueva traza, donde se subraya además que el gobierno no hizo consultas ni estableció nuevos mecanismos de participación».
Córdoba: pionera a nivel nacional en establecer por ley la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental. Gobierno de Córdoba: primero en incumplir esa ley.
El Dr. Raúl Montenegro, premio Nobel Alternativo 2004, indicó que el gobernador Juan Schiaretti «tiene la mala costumbre de decidir obras y acciones en abierta violación a las normas sobre Evaluación de Impacto Ambiental. Primero decide, generalmente con muy poca información. Luego lo difunde a todos los medios y la obra empieza a construirse. Finalmente busca ajustar las normas a lo ya decidido y hecho con la complicidad crónica de la Secretaría de Ambiente, hoy a cargo de Juan Carlos Scotto».
«El 24 de noviembre de 2020 el gobernador de Córdoba firmó el Decreto 844 con el marco administrativo para el crédito del Banco de Desarrollo de América para la autovía de ruta 38. Su Cláusula 11 incluye lo exigido por el Banco: copia de la licencia ambiental, plan de manejo ambiental y social, Plan de Participación Civil, y otras exigencias, ninguna de ellas cumplidas hasta ahora. Pero ya están enviando el proyecto de ley para expropiaciones y anticipando fechas de licitación».
Montenegro recalcó que «la torpeza ambiental y social de la gestión Juan Schiaretti parece no tener límites. Da por hecho un canal para traer agua del río Paraná sin estudios ni Evaluación de Impacto Ambiental. Tras los pavorosos incendios presentó un absurdo plan de reforestación en que está involucrada una empresa de Misiones, a la cual pagaremos por plantines de algarrobo que en su mayor parte morirán. Como frutilla del postre el gobernador ofreció a los productores como reparación por daños tras los fuegos postes de quebracho colorado, una especie amenazada.
«Varios de estos temas, en especial los 10 millones de pesos asignados para reforestación, también deberían ser investigados por la Justicia. La ley provincial de Ambiente 12.008 establece claramente la obligatoriedad de Aviso de Proyecto para proyectos forestales con más de 100 hectáreas, y plantar algarrobos en una superficie superior a las 100 hectáreas cae inexorablemente en esta categoría. Más aún, la Secretaría de Ambiente debería haber exigido Estudio de Impacto Ambiental al propio gobierno y Audiencia Pública. Nada de esto se habría hecho. Es la irritante doble vara con que el gobierno se mide a sí mismo, y a los demás».
